La mujer a quien se le practicó una ILE, Interrupción Legal del Embarazo, en Tartagal presentó una denuncia contra la médica Miranda Ruiz, quien fuera detenida y liberada horas después, a raíz de la intervención que concretó junto a un equipo interdisciplinario del Hospital Juan Domingo Perón.
La joven de 21 años presentó una exposición en el sitio web de la fiscalía que promovió la causa contra la profesional. “Quiero denunciar a la Dra Miranda Ruiz porque me mató a mi bebé, yo quería abortar cuando fui al Hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y mi tía ya no quería hacerlo. Y más todavía cuando la vi a mi hija Angie ahí decidí no hacerlo. Yo le iba a poner de nombre Milagro a mi hija”, sostuvo en su denuncia.
“Yo le dije a la doctora Miranda el día 24 de Agosto que quería continuar con el embarazo, pero no me hizo caso. Y me hizo abortar. Yo me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva. Yo quería que mi hija Milagro esté con vida. Y cuando me quería ir ella me obligó a quedarme en observación”, acusó.
La causa contra la médica fue promovida por el fiscal Gonzalo Vega a partir de la denuncia presentada en un primer momento por familiares de la joven quienes la acusaron por homicidio. Intervino el Juez de Garantías Nº 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, quien imputó y ordenó la detención de la médica posteriormente liberada.
La respuesta de la médica
En un audio difundido ayer, la médica refutó las afirmaciones de la joven y sostuvo que se trata de una falsa denuncia, motorizada por una alianza entre referentes de la política, la justicia y la iglesia quienes quieren sacar provecho de la situación para fortalecer una postura antiderechos.
“Una de las primeras cosas que me pregunto después de lo que sucedió hoy es ¿Quién protege a las mujeres en la provincia de Salta?”
“Aparentemente existe como una organización mafiosa entre la justicia, algún sector político, la Iglesia y protectores de ginecólogos abusadores que no sólo no les importó avasallar la intimidad de la paciente cuando accedió a la Interrupción Legal del Embarazo. (..)Han expuesto a la paciente mintiendo sobre la historia clínica y si hubieran dicho la verdad tampoco había que hacerlo. Pero han mentido, para defender sus intereses personales y políticos.”
“Esta paciente fue usada políticamente, yo también y su familia también. No sólo la han expuesto, sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia.”
“Lo que tiene que entender la paciente es que si ella hace una falsa denuncia, compromete su estado de libertad, porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto.”
“Entonces yo le pido a esta organización mafiosa que nos dejen trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte de Argentina. Que nos dejen laburar como corresponde y continuar con nuestros servicios públicos y que se dediquen otra cosa, por favor.”
“Dejen de jugar a la democracia. Es una vergüenza que hayan obligado a mi paciente a mentir y a dar un falso testimonio porque la están exponiendo a ella, como la expusieron desde un principio”
Un procedimiento autoadministrado
“¿Quién nos protege en Salta? ¿Quién protege a las mujeres en Salta?” insistió la médica. “Ya he dicho un montón de cosas respecto al ginecólogo abusador, porque este es un caso típico de Lawfare”.
La profesional aludió así a una trama de relaciones que sustentaron su persecución. El abogado mediático que patrocinó la denuncia de la familia de la joven, Andrés Rambert Ríos, es también defensor del médico Marcelo Cornejo, que también se desempeña en el Hospital Perón de Tartagal y está imputado por abuso sexual. Una de las denunciantes –además de las víctimas- junto a otros tres profesionales es precisamente Miranda Ruiz.
En el descargo difundido la médica descartó que la imputación en su contra, sobre un aborto realizado contra la voluntad de la paciente pueda progresar, ya que la ILE se realizó con consentimiento firmado, en presencia de testigos y a través de un procedimiento administrado por la propia paciente por vía oral con misoprostol. Resaltó que es imposible que con ese procedimiento que requiere la intervención de la paciente, se obligue a una mujer a abortar.
“Penalmente mi causa no tiene ningún tipo de interés jurídico (…) En la historia clínica está perfectamente escrito, que yo indico un tratamiento auto-administrado, que hay testigos, que está el consentimiento informado, que tengo conversaciones con mi paciente. Esta causa penal es muy sencilla, estoy cumpliendo con la ley nacional nada más, no sucedió otra cosa, este no es el problema.”
“La pastilla que se usa es el misoprostol, se coloca debajo de la lengua por media hora porque es de absorción sublingual y luego se traga y cada 3 horas se repite el procedimiento hasta la expulsión. La cantidad de pastillas que se usa depende de la edad gestacional de la paciente. Es un tratamiento autoadministrado, yo no puedo obligar a nadie abortar.”
“Yo soy medica residente y como tal no actúo sola, la institución avala el procedimiento legal porque hemos interconsultado con todo el mundo, fue valorada por un equipo interdisciplinario, ¿Explíquenme por favor porque me ponen presa? Si estuviéramos en la edad media yo ya estaría muerta en una hoguera. Esto parece una cacería de brujas es increíble.”
Miranda Ruiz destacó que todo el procedimiento judicial en su contra, llevado adelante en complicidad con la intervención pública de legisladoras salteñas con que se oponen a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tiene por finalidad concretar una avanzada contra ese derecho sancionado por el Congreso Nacional e impedir su aplicación en Salta.
“La otra cosa que tenemos que entender es uno de los móviles de esta organización mafiosa, que no es solamente encubrir al ginecólogo que abusaba de Tartagal, sino también tiene el móvil de que la ley no se cumpla de hecho.”
“Acá hay una ley nacional, qué es constitucional, que aprobó el Congreso de la Nación Argentina y parece que Salta lo que quiere hacer es que no se aplique de hecho (…) Yo soy la única médica no objetora de la zona y meterme presa implica que no se garantice la ley de IVE en Tartagal ni en las partes que me derivan y las zonas aledañas que me derivan.”
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