A través de una carta enviada al Gobernador Gustavo Sáenz, Greenpeace manifestó su preocupación ante “la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques (26.331) en la Provincia de Salta y la consiguiente deforestación.”
La organización ecologista detalló que “según datos oficiales, desde la sanción de la ley 26.331 en la provincia de Salta se desmontaron 628.307 hectáreas.” Esa ley, de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.fue sancionada por el Congreso Nacional en 2007, aunque reglamentada recién en 2009 por el poder ejecutivo para su aplicación.
Más conocida como Ley de Bosques, establece que las provincias debían realizar un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, categorizando los usos posibles para sus tierras: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque.
De acuerdo ese ordenamiento, la tierras se zonificaron en Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental
Greenpeace en su carta a Sáenz advierte que en Salta “muchos de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido, según lo establecido por el artículo 14 de la Ley 26.331 (Categorías I rojo, II, amarillo).”
Además la organización denunció que el gobierno salteño habilitó desmontes en zonas protegidas, recategorizando zonas para su explotación agrícola aún en contra de lo que dispone la ley.
“Más allá de la deforestación ilegal, resulta particularmente grave que durante dicho período el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley 26.331), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las fincas que fueron ilegalmente deforestadas mediante este artilugio aún no fueron restauradas.”
La pandemia no detuvo el desmonte
El desmonte autorizado por el gobierno de Sáenz avanzó durante la pandemia legitimando el cambio de uso de suelo requerido por la Ley de Bosques para 7 fincas, mediante audiencias virtuales que restringieron la participación ciudadana o directamente sin su realización. La resolución 333 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta autorizó que algunos desmontes puedan concretarse eximidos de la realización de audiencias públicas, si esa autoridad de aplicación provincial considera que los impactos son bajos.
“El monitoreo satelital que mensualmente realiza Greenpeace pudo comprobar que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en Salta se desmontaron 20.962 hectáreas”, señalaron. Pero el gobierno continúa reclasificando el suelo para habilitar su explotación.
“En este preocupante marco, donde la deforestación (con y sin permisos) no cesa, el gobierno de Salta decidió avanzar este año con la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.”
Junto a Greenpeace, gran cantidad de organizaciones reclamaron repetidamente ser incluidos –como los habilita la ley- en las decisiones sobre la reclasificación de tierras que promueve la expansión de la frontera de explotación agrícola.
“Numerosas comunidades de pueblos originarios, campesinos, organizaciones ambientalistas, sociales y de derechos humanos, presentaron el mes pasado notas al gobierno salteño solicitando “se suspenda el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) hasta tanto seamos formalmente informados de manera detallada e incluidos en el proceso de participación, análisis y decisión, tanto en el Consejo Asesor, como en cualquier otra instancia que requiera el nuevo OTBN, para un proceso transparente y consensuado que garantice el respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural, el desarrollo integral y sostenible, y el futuro de las próximas generaciones de la Provincia de Salta”.
El gobierno de Salta incumple la Ley de Bosques
Ya que el ordenamiento territorial que autoriza desmontes debe realizarse cada 5 años, cumpliendo con los requisitos de la Ley 26331, así lo denuncia Greenpeace en su misiva.
“Respecto a la actualización del OTBN, la Ley 26.331 es clara en su artículo 7 al establecer que “las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos”; y en su artículo 8 que “durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes”.
En cuanto a los plazos de actualización de dicho OTBN, el decreto reglamentario de la Ley 26.331 dicta que debe realizarse cada 5 años. De todo lo anterior se desprende que ante la falta actualización del mismo no pueden autorizarse desmontes, dado que de esa forma se podría deforestar lo que potencialmente podría ser definido por el nuevo OTBN como una zona protegida.
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