Martín Lousteau (abogado y exministro de Justicia) demandó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado el jueves pasado por Milei, debido a que ''vulnera los principios y derechos establecidos en la Constitución Nacional''.
Lousteau, asegura que es una medida arbitraria e ilegal, con el objetivo de ''imponer un modelo económico neoliberal sin respetar el debido proceso, la división de poderes y el control judicial''. Además, denuncia que el DNU contiene más de 300 artículos que derogan o modifican leyes y normas vigentes, afectando sectores como el inmobiliario, el laboral, el comercial, el tributario, el previsional y el sanitario.
Principales críticas de Losteau al nuevo DNU
- La derogación de la Ley de Alquileres implica una privatización forzosa del derecho a la vivienda y una pérdida de ingresos para millones de argentinos.
- La derogación de la Ley del Compre Nacional favorece a los intereses privados en detrimento del bien común y genera una mayor dependencia económica del exterior.
- La derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía impide una adecuada regulación y fiscalización del mercado cambiario y financiero.
- La derogación de la Ley de Promoción Industrial limita las posibilidades de desarrollo tecnológico e innovación en sectores estratégicos.
- La derogación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola impide una mayor protección al medio ambiente y a los consumidores.
- La derogación del sistema nacional del comercio minero impide una mayor soberanía sobre los recursos naturales y una mejor distribución equitativa entre las provincias.
- La autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas implica un riesgo para la estabilidad financiera nacional e internacional.
- La implementación de la política de cielos abiertos favorece a las aerolíneas extranjeras en detrimento de las locales y genera una mayor competencia desleal.
- La modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales implica una reducción drástica en los beneficios sociales para los afiliados.
- La eliminación de las restricciones a los precios a la industria prepaga implica un aumento abusivo en los costos para los usuarios finales.
- La incorporación de las empresas prepago al régimen previsional implica un deterioro en las condiciones laborales y salariales para los trabajadores.
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