Milei anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que deroga la Ley de Tierras, que limitaba la venta de campos a extranjeros. La medida generó fuertes críticas de ambientalistas, campesinos y pueblos originarios, que advierten sobre las consecuencias negativas para la soberanía nacional y la preservación de los recursos naturales.
¿Que compone la Ley de Tierras?
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establecía que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio, ni más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o sus equivalentes en el resto del territorio. Además, creaba un registro oficial de propietarios extranjeros y prohibía la interposición de testaferros para eludir los límites.
La norma, buscaba proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra, frente a la apropiación descontrolada de magnates internacionales, que poseen grandes extensiones de suelo con fuentes de agua, bosques nativos, biodiversidad y riquezas minerales. Según el último informe del Registro Nacional de Tierras Rurales, publicado en 2020, el 7,5% de las tierras rurales argentinas estaba en manos de extranjeros, siendo las provincias más afectadas Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y San Juan.
La ''extranjerización'' y el impacto a la biodiversidad nativa
La derogación de la Ley de Tierras, impulsada por Milei como parte de un paquete de medidas de desregulación económica, abre las puertas a la comercialización irrestricta de estos dominios, sin ningún control ni criterio de sustentabilidad. Así lo denunciaron diversas organizaciones sociales y ambientales, que alertaron sobre el riesgo de perder la soberanía sobre recursos vitales como el agua dulce, el suelo fértil y la biodiversidad, así como de agravar los conflictos por la tierra y el desplazamiento de las comunidades rurales.
Entre los casos emblemáticos de extranjerización de la tierra se encuentran el del británico Joe Lewis, dueño de más de 12 mil hectáreas en la Patagonia, incluyendo el Lago Escondido, al que impide el acceso público; y el del italiano Luciano Benetton, propietario de casi un millón de hectáreas en la misma región, donde se registraron violentos desalojos y represiones contra el pueblo mapuche, que reclama sus territorios ancestrales.
Desde Greenpeace, expresaron su preocupación por el impacto ambiental de la medida y comprometieron su trabajo para evitar y revertir acciones que impliquen un retroceso en la protección de los bienes comunes. Por su parte, la Federación Agraria Argentina, que representa a los pequeños y medianos productores, rechazó el DNU y pidió que se convoque a un debate amplio y participativo sobre el tema.
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