En un contexto de protesta e indignación de meses de las comunidades originarias, la Corte Suprema de Justicia analizará los efectos de la explotación de litio y borato tanto en Salta como en Jujuy, en el sector de las salinas.
El reclamo, implica la solicitud de suspensión de actividades mineras. Debido a esto, la Corte le dio un plazo de 30 días a los gobiernos de estas provincias para el envío de los correspondientes permisos de exploración y extracción; además de las denuncias que se presentaron vinculadas a cuestiones ambientales.
En tanto, la Corte señaló que el fallo se encuentra relacionado a la protección del medio ambiente y se basa en principios de ''in dubio pro natura''; donde el derecho ambiental prevalece frente la duda en la Constitución Nacional.
En el amparo ambiental, se va contra las provincias debido a que estas son quienes otorgaron los permisos; y coontra Nación, por ''presunta conducta omisiva en que incurrió, a través del Ministerio del interior, Obras Públicas y Vivienda - Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica; designado para llevar a cabo el Plan Nacional del Agua en todo el territorio nacional.
Este caso, fue iniciado ante la Corte, por el recurso de amparo presentado por comunidades aborígenes de Santuario Tres Pozos, de San Francisco de Alfarcito y del Distrito de San Miguel de Colorados; y otras más. Ante la Corte, pidieron formar un comité con expertos para el estudio con enfoque ecosistémico de hidrología la biodiversidad y los aspectos socioculturales de la Cuencia Salinas Grandes-Guayatayoc.
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